Escrito por Alan García, presidente de la república
El Comercio.- La descentralización popular es un nuevo camino por el que los gobiernos regionales, los municipios y los ministerios podrán ejecutar parte del gasto público a través de los grupos organizados de la sociedad o núcleos ejecutores. Su objetivo es que el gasto y los beneficios del crecimiento lleguen directamente a la base más humilde y necesitada del país, garantizando su integración y solucionando los reclamos sociales.
Es un hecho que, a pesar de la descentralización regional y local y del esfuerzo del Gobierno por extender los servicios sociales, la capacidad de gasto del sector público no llega con velocidad a las áreas de mayor pobreza y esto demuestra que las instituciones y las leyes son aún insuficientes. Debemos adecuar las leyes a la realidad social.
Según los últimos datos, en este año 2009 el total de fondos para invertir sería de S/.26.638 millones. Pero de ese monto solo se ha invertido hasta el 31 de julio S/.7.087 millones, es decir el 26%. En los próximos cinco meses deberían invertirse S/.19.500 millones, lo que resulta casi imposible.
Frente a eso hay más de 30.000 pequeños proyectos reclamados por los caseríos y comunidades con un valor menor de S/.300.000 cada uno y cuya ejecución requiere poca tecnología. Sin embargo, por ser gasto público, requieren cumplir severas exigencias de inversión que demoran años y complicados trámites de licitación. Esto que naturalmente es necesario en las grandes y medianas obras, no tiene ningún sentido para construir en las comunidades campesinas una escuela de cuatro aulas, un cobertizo de ganado o un pequeño canal de riego que ellos saben hacer muy bien y que han hecho muchas veces.
¿Qué proponemos con la creación de los núcleos ejecutores?
Que el pueblo organizado de las comunidades campesinas, asentamientos humanos, comunidades nativas, grupos juveniles y rondas campesinas seleccione una obra, formule un perfil de ella, solicite el financiamiento a los municipios, gobiernos regionales o ministerios y la ejecute directamente. Cinco mil obras de S/.300.000 cada una significan S/.1.500 millones de gasto, lo que es apenas el 5% de todos los recursos que tiene el Estado para gastar.
¿Cómo se logrará esto?
Autorizando a las entidades asignantes que tienen presupuesto, los municipios, gobiernos regionales y ministerios, a financiar las obras de menor dimensión que trabajarán los núcleos ejecutores.
¿Qué es un núcleo ejecutor?
Es un equipo elegido por la comunidad, el caserío o el asentamiento humano, que se constituye para llevar a cabo la ejecución de la obra. En realidad esto ya existe hace mucho tiempo en nuestro país. Se creó para el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), también lo utilizó Pronamachcs en los comités conservacionistas, la Ley 29030 permite a las municipalidades gastar a través de comités de gestión. Además, las juntas de usuarios de riego que cobran el agua a nombre del Estado y que realizan directamente las obras de mantenimiento de los sistemas de riego son una especie de núcleos ejecutores. No es nada nuevo, pero hay que extender su ejemplo y utilizarlos mejor.
La comunidad constituye un núcleo con un presidente, un tesorero, un fiscal y un vocal, los cuales actúan ante las entidades asignantes, se acreditan ante el gobierno regional, municipal o un programa social. Presentan un proyecto para construir, por ejemplo, cobertizos, centros de acopio, pequeños reservorios, minipresas, viveros, conservación de suelos, aulas, postas, saneamiento y agua, y también, mantenimiento, reparación o apertura de trochas carrozables, etc.
El núcleo ejecutor de un asentamiento humano en la ciudad escoge muros de contención, escaleras, aulas de escuela, reparación de centros de salud, una obra saneamiento, etc. Una comunidad nativa puede escoger embarcaderos, reparación de caminos, comisarías, etc. Los núcleos de ejecución juvenil pueden encargarse de veredas, losas deportivas, tribunas y otras obras. Igualmente, las rondas campesinas, en temas agrarios, de caminos y de seguridad.
¿Cuáles son las entidades asignantes y quién controla la ejecución y el gasto?
Son los gobiernos regionales, los municipios y algunos programas de los ministerios los que reciben los pedidos, acreditan los núcleos y también promueven obras para los grupos sociales. Estas entidades aprueban las condiciones y lineamientos de la inversión, asignan los recursos, abren una cuenta en el Banco de la Nación y hacen los depósitos de acuerdo con el cronograma de ejecución.
Por su parte, el núcleo ejecutor popular es responsable ante la comunidad que lo controla cercanamente, rinde cuentas ante las entidades asignantes y sus miembros son responsables civil y penalmente por el uso de los recursos.
La propuesta es que, para este año 2009, se asigne hasta un 5% de los fondos de inversión (es decir, 1.000 millones de los 19.000 millones de soles aún no gastados) y que el año 2010 se asigne hasta 8% de todo el presupuesto de inversión para que sea ejecutado a través de las organizaciones sociales acreditadas.
Respuesta a las infaltables objeciones
Se han formulado hasta tres críticas: la primera, que este es un intento de manipulación por el Partido Aprista y el Gobierno. Y eso es totalmente absurdo, porque de los 25 gobiernos regionales solo dos tienen filiación aprista y de los 1.900 gobiernos locales solo 250 están dirigidos por apristas. Además el Foncodes solo se encargará de ejecutar su propio presupuesto sin ninguna intervención en la acción de los gobiernos regionales y locales que trabajarán con sus propios núcleos ejecutores.
Se ha dicho también que esto sería un gran peligro de descontrol y riesgo de corrupción. Respondo que en la historia de Foncodes desde 1995, el grado de irregularidades detectadas en decenas de miles de obras ha sido menor al 1%. Es decir, que la obra hecha y vigilada directamente por el pueblo tiene menor nivel de riesgo o de corrupción que la obra hecha por la burocracia y, naturalmente, es mucho más veloz. Esta segunda observación me parece, además, provenir de un enorme prejuicio centralista y racial.
La tercera observación ha sido que, en vez de los núcleos ejecutores, debería agilizarse y facilitarse la inversión por los municipios y regiones. Pero, por Dios, para eso es exactamente que se autoriza que los municipios y regiones puedan gastar a través del pueblo organizado.
Finalmente, este no es un tema novedoso. Debe estudiarse el D.L. 26157, que creó los núcleos ejecutores hace 15 años, el D.S. 015-96, que les otorgó capacidad para contratar servicios técnicos, maquinaria o transporte de material y para intervenir en procesos administrativos, la Ley 29030 para los núcleos municipales y también los decretos de urgencia 028-2006 y 079-2009 expedidos por este gobierno, que permiten a las regiones y a los municipios, donde se explotan recursos petroleros, usar hasta el 5% del canon a través de los núcleos ejecutores de las comunidades nativas.
La descentralización popular incorpora la participación social en el esfuerzo descentralista, pero además reconoce y constituye la capacidad ejecutora del pueblo y de esta manera involucra en la acción a millones de peruanos que hoy son espectadores pasivos del crecimiento económico y de la ejecución de los gastos. Mi objetivo es que los recursos lleguen directamente a los más pobres y que estos sepan que la democracia también es suya. Sé que miles de comunidades campesinas y nativas, asentamientos humanos, ronderos y jóvenes apoyarán la descentralización popular.
domingo, 2 de agosto de 2009
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